La reforma establece penas de prisión para quienes obliguen a una persona
a vivir en una relación o situación de convivencia en contra de su voluntad,
reforzando el marco legal frente a actos de coerción.

Con esta medida, las autoridades buscan salvaguardar la libertad, autonomía
y dignidad de las personas, garantizando una mayor protección ante prácticas
que vulneren su desarrollo personal y su capacidad de decisión.

La aprobación de esta iniciativa representa un avance legislativo en materia
de derechos humanos y envía un mensaje claro sobre la importancia de prevenir
y sancionar cualquier forma de presión o violencia relacionada con la vida personal.